Las asambleas socio ambientales de Río Negro, “Curru Leufu”, emitieron un comunicado en el que repudian y denuncian a los legisladores que aprobaron el proyecto de ley sobre el nuevo régimen de hidrocarburos.
En principio, señalan que el tratamiento de la reforma fue realizado de forma exprés, sin debate, sin consulta previa con la población, sin brindar información previa, violando el acuerdo de Escazú y cerrando la legislatura por “razones de seguridad”. Y agregaron: “La casi totalidad de los legisladores y legisladoras abrieron el Golfo San Matías a la depredación extractivista, borrando en unos minutos una herramienta legislativa como la ley 3308, lograda por el pueblo a partir de la lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza”.
Al finalizar, hicieron hincapié en el proyecto de hidrógeno verde al asegurar que la gobernadora y los bloques de la legislatura no respondieron las 60 preguntas que presentaron: “Estos mismos legisladoras y legisladores hace unos meses cedieron 625.000 hectáreas de la Meseta de Somuncura a una empresa extranjera”.
¿Qué expresaba la antigua ley?
La ley 3308, prohibía en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos.
El origen de esta norma ocurrió tras distintas luchas comunitarias y de la voluntad popular que rechazó en 1995 el proyecto de YPF para construir un oleoducto desde Puesto Hernández, Neuquén, hasta 15 km al sur de Las Grutas. La actividad turística y pesquera, fueron parte importante del rechazo de la actividad petrolera, en una zona que había sido declarada Área Natural Protegida con el nombre de Bahía de San Antonio.
