Una adulta mayor y su hija con discapacidad se encontraban encerradas en su propia casa, de la cual se había apoderado quien se desempeñaba como cuidadora domiciliaria. Gracias a una denuncia anónima, la justicia actuó y lograron recuperar su vivienda y su libertad mediante un trabajo interinstitucional encabezado por la Defensa Pública de Río Negro.
El caso
Durante muchos años, una mujer trabajó como cuidadora domiciliaria de una adulta mayor. Cuando el marido de la damnificada falleció, la mujer encontró propicio el momento para mudarse a la vivienda ajena en compañía de sus dos hijos, uno de los cuales, además, instaló un taller mecánico en el garaje.
La situación se agravó con los meses, la mujer y su hija eran víctimas de distintos tipo de violencia: física, psicológica y económica. La cuidadora se había instalado en la vivienda y mantenía a sus dueñas en un estado de absoluta vulnerabilidad, hacinadas y encerradas gran parte del tiempo en una habitación.
Una denuncia anónima ante la Defensoría de Pobres y Ausentes permitió la rápida intervención, a través de una medida cautelar y autosatisfactiva con el fin de lograr el cese inmediato de la violencia ejercida en contra de ambas mujeres.
¿Cómo fue el proceso?
El equipo de la Defensoría se hizo presente en el lugar y pudo generar el espacio para hablar sin intermediarios con la damnificada. A partir de ello se requirió la intervención de la Dirección de Adultos mayores de la provincia quien efectivizó ante la Comisaría de la Familia la denuncia permitiendo que el Juzgado de Familia definiera medidas cautelares.
Esa fue la primera determinación tomada por la Defensora oficial interviniente: realizar antes que nada la denuncia ante el fuero civil para que se dispongan rápidamente medidas cautelares de protección. Así, en el término de pocas horas, la Jueza de Familia dispuso la exclusión de la vivienda de la mujer y sus hijos y la prohibición de acercamiento a la misma por parte de los tres.
También se prohibió el acercamiento de la cuidadora a menos de 300 metros y el contacto con ambas por cualquier vía (teléfono, redes sociales o incluso, a través de otras personas).
De incumplir cualquiera de las medidas cautelares dispuestas el viernes, la mujer podría afrontar también un proceso penal por desobediencia. No obstante, será notificada de una causa penal por los delitos continuados de coacción y amenazas, entre otros. Se espera para tal presentación ante Fiscalía, que la víctima se encuentre en condiciones psicofísicas de dar su testimonio.
La sentencia judicial ordenó además que el mismo viernes, a menos de 24 horas de conocida la situación, la cuidadora y sus hijos retiren sus pertenencias del lugar y cierren definitivamente el taller mecánico instalado en un espacio que les era ajeno. Una comisión de la Policía de Río Negro supervisó tal accionar y otro equipo quedó custodiando la vivienda y a las dos mujeres.
Asimismo, se dispuso la continuidad de la intervención de la Subsecretaría de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Humano para que trabaje en la situación de vulnerabilidad de la victima y de su hija. El trabajo interinstitucional comprende además la gestión de la Defensa Pública ante el Ipross para que resuelva la situación de la cuidadora denunciada y designe un nuevo apoyo para las mujeres.
En el lugar, se hicieron presentes los integrantes de la Defensoría de Pobres y Ausentes que recabaron el testimonio de los vecinos y efectuaron un registro audiovisual que fue utilizado como prueba en el proceso. Así descubrieron que los vecinos intuían parte de los hechos por gritos y golpes que ellos mismos escuchaban sin animarse a denunciarlos.
