El accidente ocurrió en la plaza integradora de Roca, cuando un niño de dos años sufrió la amputación parcial de un dedo mientras jugaba en una calesita que presentaba fallas en su estructura. La calesita carecía del volante superior, lo que dejó expuesta una zona de atrapamiento en el eje central del juego. Durante el movimiento del juego, la mano del niño quedó atrapada en dicha abertura, provocando una grave lesión.
Tras el incidente, la madre del menor inició una demanda contra la municipalidad, argumentando que el desperfecto en el juego aumentaba los riesgos de atrapamiento y que la falta de mantenimiento en los espacios públicos configuraba una responsabilidad del municipio. En su defensa, el municipio alegó que el accidente se debió a la falta de supervisión de la madre, insistiendo en que los padres deben extremar los cuidados en los espacios públicos y que el Estado no puede ser responsable de todos los incidentes.
Sin embargo, el fallo del fuero Civil determinó que el accidente ocurrió debido a la ausencia de controles y mantenimiento de la calesita, lo que constituía una falta de servicio por parte del municipio. El peritaje técnico concluyó que la falta del volante superior representaba un peligro real, al dejar expuesta una zona de atrapamiento en el eje central, y que el niño, debido a su edad, no tenía la fuerza suficiente para accionar el juego por sí mismo, lo que refutó la versión de que la culpa recayó exclusivamente en la víctima.
Además, un informe psicológico confirmó que el niño sufrió estrés postraumático debido al accidente, lo que afectó su desarrollo emocional. La madre también enfrentó consecuencias psicológicas y laborales como resultado del hecho.
El tribunal ordenó a la municipalidad de General Roca y a su aseguradora a indemnizar a la familia por los daños físicos, psicológicos y morales sufridos, incluyendo los gastos médicos, la incapacidad permanente y el tratamiento psicológico recomendado para el niño.
El fallo de primera instancia aún no está firme y puede ser apelado por las partes involucradas.
Prensa comunicación Judicial de Río Negro